La escandalosa venta de droga en lo que se han dado en llamar puntos de venta, o el desplazamiento de la droga por traficantes a compradores en la calle, que dicen lo hacen al menudeo, pero que viven muy bien a cuenta de ello, y además hacen compras de bienes inmuebles, es evidente que en nada se reduce.
No es cuestión de endurecimiento de penas, que es lo más recurrente por el vulgar de los comunes, al simplificarlo todo diciendo que los jueces tienen la culpa, aunque se les puede exigir más, o que las penas son insuficientes pero, no es eso lo que realmente ocurre.
Para acabar con el tráfico de drogas, habría que acabar con la demanda de droga, o dicho de otro modo que nadie la comprara.
Como eso sabemos, no es posible, pues ni los regímenes dictatoriales o totalitarios religiosos lo pueden conseguir, mientras haya quien pueda pagarla. Y siendo que el ser humano, difícilmente se entretiene, si no se estimula con alcohol y a razón de lo anterior con drogas, en no pocos casos, pues seguiremos con el mismo problema, de una sociedad, en parte enferma, que además de pagar ese negocio en torno al cual hay otros delitos aún más peligrosos para la sociedad, como asesinatos, extorsión, tráfico de personas, delincuencia organizada, y demás delitos contra la integridad física de las personas, y no solo contra la salud pública, vamos viendo como esas personas adictas o consumidores esporádicos, terminan efectivamente con el cerebro destrozado, y ya no vuelven a ser los mismos, siendo por eso que terminan siendo enfermos mentales o con pautas de conducta destructivas, terminando aislados de la sociedad.
Y, ¿cómo se combate eso?, además de hacerse con educación desde la niñez, en colegios y por los padres, a los menores, cuando ya desde los 12 años, sino antes, se dan su primer baño de alcohol, promovido por otros más mayores, inmersos en el mundo de la fiesta y de actividades de la calle. Se debe evitar la entrada en España, y ya en el territorio español desmantelar las organizaciones criminales, y combatir hasta el último de los puntos de venta, y hasta el último traficante.
Y, respecto a los consumidores, habría que obligarles a someterse a controles médicos, y de seguir dando positivo a corto plazo, someterlos a deshabituación.
Ciertamente es una medida coactiva sobre la libertad de la persona, seguramente desproporcionada, pero en cualquier caso a tenerse en cuenta dependiendo del grado de afectación en la persona, más si el sujeto incurre en actividades delictivas a razón de la influencia de las drogas, por lo que, se hacen necesarias leyes que arbitren nuevos métodos contra el consumo de drogas.
Por otra parte los Cuerpos de Policía, como lo es la Guardia Civil, con la colaboración o primera denuncia de los educadores, en institutos y colegios, hacen labor preventiva denunciando, en teoría, cuando el servicio se lo permite, si no están en otras ocupaciones, identificando, y en su caso cacheando a aquellos que bien la facilitan, principalmente marihuana, a los niños, bien cuando estos menores la consumen en lugares públicos, dentro de los centros educativos, y mediante el procedimiento administrativo sancionador, se informa a los padres, que son los que al final terminarán pagando la sanción, por el consumo de sus hijos.
En el caso que los guardias civiles observen a traficantes por las inmediaciones de estos centros, a lo más se les denuncia por tenencia, si no se constata la venta, a ser posible, a una pluralidad de individuos.
Podemos por tanto predecir que si en la niñez, y adolescencia, hay cada vez menos consumidores de marihuana, asociada también al consumo del tabaco, y por ende no saltan a drogas como la cocaína, que requieren un mayor poder adquisitivo del que ellos pueden tener, a no ser que trafiquen también, pues con todo ello el consumo tenderá a reducirse en edades más maduras, por la intervención en ese sentido, de los funcionarios de policía y educadores.
El cambio de mentalidad y de hábitos desde edad temprana, es el mejor medio de prevención del tráfico de drogas.
Otro sería que no entraran, o entraran en menor cantidad, la de droga en España, sino se produce dentro, como en el caso de la marihuana, y, se encareciera por ello la cocaína o heroína.
Cuando eso ocurre, o si ocurriera, se produciría la entrada o producción de otro tipo de tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, otro tipo de drogas sintéticas, más baratas, que se puede producir incluso en laboratorios nacionales. No nos referimos a un laboratorio farmacéutico, sino simplemente al lugar donde se puedan hacer las mezclas y composiciones, obteniendo los precursores primero, que darán lugar a la droga sintética, después.
Cómo actúan los Cuerpos de Policía en la lucha contra el tráfico de drogas
La Policía Nacional es el Cuerpo de Policía que por ley se encarga de la investigación del tráfico de drogas por grupos nacionales e internacionales, como forma de delincuencia organizada.
La Guardia Civil lo hace porque el tráfico de drogas es igualmente una forma de contrabando y de comercio ilegal.
Ambos Cuerpos en su respectivo ámbito territorial investigan el tráfico de drogas, que transciende de sus respectivas demarcaciones territoriales, y por ello se ven en la necesidad de coordinarse en muchos casos, cuando investigan a los mismos grupos organizados.
Igual ocurre con la Policía Vasca, Catalana, o Foral, con competencias de este tipo.
Y surge la pregunta entonces, con tantas policías y tanta investigación, por qué no se reduce el nivel de delincuencia de ese tipo de delito, tan famoso socialmente, y que afecta a la salud de millones de personas en España.
Vamos a explicarlo por la forma que tiene la Guardia Civil, dentro de su ámbito organizado, de abordar este problema de delincuencia.
¿Cómo combate la Guardia Civil el tráfico de drogas?
La Guardia Civil como organización tiene investigadores a nivel nacional, a nivel Comunidad Autónoma, a nivel provincial, y a nivel comarcal, siendo que la intervención, en teoría, se hace dependiendo del nivel de influencia o actuación del individuo o grupo traficante.
La UCO y las ECO, son las unidades centrales de investigación, las primera en Madrid, y las ECO son sus delegaciones en algunas Comunidades con especial actividad delictiva organizada de tráfico de drogas.
Existen otros grupos de Policía Judicial en Comunidades Autónomas y en todas las provincias la (UOPJ), Unidad Orgánica de Policía Judicial. Dentro de estas está el EDOA, que combate la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.
Y los Equipos Territoriales de Policía Judicial y Áreas de Investigación a nivel comarcal y/o local.
Por otra parte está otra especialidad de la Guardia Civil que combate el tráfico de drogas como forma de contrabando y comercio ilegal, el Servicio Fiscal y Fronteras, que intentan evitar la entrada en España de este tráfico ilegal, y que tiene las ODAIFIs que son investigadores dentro de esta especialidad.
El órgano central que son las UCO y principalmente sus delegaciones las ECO, lo que investigan son el tráfico ilegal a gran nivel, desde la salida de los países productores hasta su llegada a España, intentando interceptar grandes cargamentos, a ser posible por centenares e incluso por miles de kilos de cocaína y hachís, principalmente y desmantelar la organización en territorio español.
Las Unidades con jurisdicción en una Comunidad Autónoma o a nivel provincial se denominan EDOA, en lo que tiene que ver con la delincuencia organizada de este tipo de delitos, y lo que intentan es igualmente interceptar tanto la entrada, como el tráfico a importante nivel dentro de su ámbito territorial, para el supuesto que en la provincia haya algún grupo organizado capaz de mover decenas de kilos de cocaína y hachís principalmente, e incluso desmantelar laboratorios donde se produzca el corte o la preparación para la venta a nivel local.
Los Equipos Territoriales de Policía Judicial de la Guardia Civil, son los que en teoría, con intervenciones telefónicas y seguimiento de los traficantes, deberían desmantelar los puntos de venta de los pueblos dentro de su jurisdicción, ayudados de ser necesario por las Áreas de Investigación de los Puestos Territoriales, que se organizan como pequeñas Comisarías de Policía.
Pero, ¿qué ocurre aquí?, pues que son tantas sus ocupaciones, que no son capaces de liberar personal como para asumir costosas investigaciones del tráfico de drogas, que requieren de varios meses de escuchas telefónicas, seguimientos de los vehículos y de los traficantes, para comprobar con quiénes hablan, a dónde se dirigen, y en definitiva como compran y venden la droga.
Para eso se necesita la dedicación de al menos dos guardias civiles exclusivamente de policía judicial, cuando lo mínimo sería dedicar exclusivamente a unos cuatro guardias civiles, en esa labor. Y eso hoy en día resulta sumamente difícil, porque no hay personal suficiente para tantas labores a desarrollar.
Se puede decir que con dos guardias civiles de policía judicial, y dos guardias civiles de las Áreas de Investigación, que se dedicaran en exclusiva a la investigación y desmantelamiento de los puntos de venta de drogas, poco a poco, irían consiguiendo pruebas para tras una entrada y registro en estos domicilios, detener a los delincuentes y someterlos a procedimiento judicial, e intervenir todos sus medios, y propiedades empleados en el tráfico de drogas, u obtenidos con esa actividad ilícita, de tal manera que no puedan emprender, inmediatamente después de ser puestos en libertad, el mismo negocio.
Pero esto no se hace, al menos suficientemente, así que cada vez los traficantes, con sus métodos para evitar ser sorprendidos por los guardias civiles de patrulla, se afianzan en el negocio y cogen mayor confianza.
Las patrullas de los Puestos Territoriales de Seguridad Ciudadana, lo que intentan es detectar la droga entre los consumidores en lugares públicos, o sorprender al traficante en el momento de transportar la droga para su venta, o recién llegado con la droga comprada por cien o doscientos gramos de cocaína, que pueden mover semanalmente.
Pero tampoco pueden porque están dedicados casi en exclusividad a la violencia de género.
Con todo es evidente, que se necesita dedicar personal en exclusividad para investigar si o si, y sin perjuicio de otros delitos, el tráfico de drogas desde los puntos de venta.
Es una demanda social, y es una demanda de los Alcaldes, que no está siendo atendida correctamente.
Ya sabemos que las prioridades las decide el Gobierno, pero sin perjuicio de organizar los grupos de Violencia de Género, se hace necesario, combatir el tráfico de drogas, y los EDOA también pueden hacerlo, si no obtienen resultados de grandes operaciones, pues pueden empezar con desmantelar puntos de venta, que a buen seguro les llevará con las intervenciones telefónicas y seguimientos, a desmantelar organizaciones a nivel provincial que mueven decenas de kilos de cocaína semanalmente.