Lo que conocemos como Administración, que otras denominan con sorna el aparato del Estado, que lo es también de las Comunidades Autónomas y de las Autoridades Locales, tiene entre sus funciones la de vigilar y corregir las conductas de los ciudadanos, y también de las entidades jurídicas colectivas, en fundamento del artículo 103 de la Constitución, sirve con objetividad los intereses generales. Con ello adquiere facultades o potestades que incluyen la sancionadora.
Otros dicen que vivimos en un Estado policial, que somos en exceso vigilados, y que las libertades son todavía utópicas.
Si a lo anterior unimos la potestad punitiva del Estado, o la facultad de imponer penas a través de los jueces y tribunales, en aplicación del Código Penal, con todo el prolijo detalle de delitos, es más que fácil que cualquiera pueda ser especialmente vigilado, acabando con ello rindiendo cuentas, hasta que no pueda hacer frente a ese inagotable poder de la Administración.
Será una guerra más allá de la comparación de David contra Goliat, pues más bien se defenderá contra un inagotable adversario que puede incluso, hacer uso, además de la pena de banquillo, de toda suerte de sanciones, que aun cuando con ello se rebasen los límites de lo legal, y la persona pueda por ello hacer uso de recursos ante organismos o tribunales, le podrán avocar a una situación en la que le agoten en recursos por el paso del tiempo con litigios o pleitos, a lo que no pueden hacer frente ni los más poderosos económicamente o incluso los más poderosos políticamente. Y es que puestos a jugar la partida, ellos llevan todas las cartas, y con tantas, al final ganan el juego, aunque pierdan algunas partidas.
Lo vemos en todos los ámbitos, no habiendo nadie libre de culpa, las piedras las podrán lanzar quienes dirijan la Administración o formen parte de la misma, más aún si se hace de forma organizada contra los llamados administrados en términos jurídicos, personas físicas o jurídicas en definitiva, y así van cayendo en el ámbito político, tras rebuscar hasta en las alfombras, cualquier infracción.
Pero si la principal estrategia o acción contra el adversario político será, ponerlo en evidencia ante el poder de la Administración y de la Justicia, lo es también para poner cuando menos en jaque, sino en jaque mate, a todas aquellas personas que se erijan sobre la forma de Administración, como destacados oponentes.
España es una democracia, un Estado social y de derecho, que además en última instancia se somete al control jurisdiccional de los Tribunales europeos, y consecuentemente menos influidos por el funcionamiento de un país u otro, pues representan a la totalidad de 27 países.
Es por eso que aquel que ose enfrentarse a un Gobierno, a su Administración o intereses, cuando no sean los generales, ya puede protegerse lo suficiente como para no dar opción, a que con una u otra ley, por miles las existentes, le sometan a sus designios, o le limiten su libertad más allá de lo permitido. Libertad, no solo personal, sino también económica, pues ya sabemos que la forma de neutralizar a un oponente, es dejarlo sin recursos, principalmente los económicos. Estrangular económicamente es la forma más asfixiante y más eficaz para callar al que no calla, o para aplacar a aquel que haga valer su espacio personal de libertad, si resulta por ello, cuando menos molesto.
Por eso ya sea persona física, ciudadano o administrado como nos refieren las leyes, o persona individual integrada bajo la forma de una entidad jurídica colectiva, empresa, sociedad, sindicato, asociación, etc…, cuídese muy bien de recorrer el camino sorteando los obstáculos, o dicho de otro modo, sorteando sin incumplir los límites o prohibiciones que imponen las leyes, dejando cuantos menos rastros para su seguimiento mejor, si lo anterior facilita su debilidad frente a la Administración, cuando sea ésta la que pueda rebasar esos límites legales, sin respetar sus derechos, y por ello válgase de buenos profesionales para la defensa, y el ataque, como forma también de defensa, contra aquellos que no le quieran bien.
Redacción ASIGC